La desigualdad es un lastre

Empieza a desmoronarse el consenso de que ser amable con los ricos y cruel con los pobres es la clave del crecimiento económico

PAUL KRUGMAN

09 AGO 2014 - 17:00 PET

En general, los progresistas lo han considerado un sacrificio que valía la pena y han sostenido que compensaba pagar cierto precio en forma de un PIB más bajo, a fin de ayudar a aquellos conciudadanos que lo necesitan. Los conservadores, por otra parte, han defendido la filtración de la riqueza desde las capas sociales más altas y han insistido en que la mejor política consiste en rebajarles los impuestos a los ricos, recortar las ayudas a los pobres y contar con que la subida de la marea mantenga a flote a todos.

Pero ahora hay cada vez más pruebas que respaldan un nuevo punto de vista; concretamente, que la premisa en que se basa este debate es errónea, que en realidad no hay ninguna compensación entre igualdad e ineficiencia. ¿Por qué? Es cierto que la economía de mercado necesita cierta cantidad de desigualdad para funcionar. Pero la desigualdad estadounidense se ha vuelto tan extrema que está causando un enorme daño económico. Y esto, a su vez, se traduce en que es muy probable que la redistribución — es decir, gravar a los ricos y ayudar a los pobres — aumente, en lugar de reducir, la tasa de crecimiento de la economía.

Uno podría verse tentado de rechazar esta idea por considerarla una ilusión, una especie de equivalente liberal de la fantasía de derechas según la cual rebajarles los impuestos a los ricos incrementa los ingresos. El hecho, sin embargo, es que hay pruebas sólidas, procedentes de fuentes como el Fondo Monetario Internacional, de que la gran desigualdad constituye un lastre para el crecimiento y de que la redistribución puede ser buena para la economía.

A principios de esta semana, la nueva visión de la desigualdad y el crecimiento recibió un espaldarazo por parte de Standard & Poor's, la agencia de calificación, que ha publicado un informe que respalda la opinión de que una desigualdad elevada es un lastre para el crecimiento. La agencia resumía el trabajo de otros, no ha llevado a cabo ninguna investigación propia, y tampoco hay que tomarse su valoración como una verdad absoluta (recuerden su ridícula rebaja de categoría de la deuda de Estados Unidos). Lo que el visto bueno de S&P muestra, sin embargo, es lo generalizada que se ha vuelto esta nueva opinión sobre la desigualdad. A estas alturas, no hay motivos para creer que confortar a los acomodados y afligir a los afligidos sea bueno para el crecimiento, pero sí hay buenas razones para pensar lo contrario.

No hay indicios de que enriquecer más a los ricos enriquezca al país, pero hay pruebas fehacientes de los beneficios que tiene mitigar la pobreza de los pobres

Concretamente, si analizamos de forma sistemática los datos internacionales sobre desigualdad, redistribución y crecimiento (que es lo que han hecho los investigadores del FMI), vemos que unos niveles más bajos de desigualdad se relacionan con un crecimiento más rápido, no más lento. Además, la redistribución de los ingresos a una escala propia de los países desarrollados (aspecto en el que Estados Unidos está muy por debajo de la media) se “relaciona significativamente con un crecimiento más elevado y duradero”. Es decir, no hay indicios de que enriquecer más a los ricos enriquezca al país en su conjunto, pero hay pruebas fehacientes de los beneficios que tiene mitigar la pobreza de los pobres.

¿Cómo es eso posible? ¿Es que gravar a los ricos y ayudar a los pobres no reduce los incentivos que nos empujan a ganar dinero? Pues sí, pero esos incentivos no son lo único que influye en el crecimiento económico. La oportunidad también es fundamental. Y la desigualdad extrema priva a muchas personas de la oportunidad de sacarles el máximo partido a sus posibilidades.

Piensen en ello. ¿Tienen los niños con talento de las familias estadounidenses con pocos ingresos las mismas oportunidades de aprovechar su talento — recibir la educación adecuada, seguir la trayectoria profesional acertada — que los que nacen en mejor posición? Por supuesto que no. Además, esto no solo es injusto, es caro. La desigualdad extrema se traduce en el desaprovechamiento de los recursos humanos.

Y los programas gubernamentales que reducen la desigualdad pueden enriquecer al país en general reduciendo ese desaprovechamiento.

Fíjense, por ejemplo, en lo que sabemos sobre los vales para alimentos, siempre en el punto de mira de los conservadores que afirman que reducen los incentivos para ponerse a trabajar. Las pruebas históricas indican de hecho que ofrecer vales para alimentos reduce un poco el esfuerzo laboral, especialmente el de las madres solteras. Pero también indican que los estadounidenses que tuvieron acceso a los vales para alimento cuando eran niños son adultos más sanos y productivos que los que no lo tuvieron, lo que significa que han hecho una mayor aportación a la economía. El objetivo del programa de vales para alimentos era reducir la miseria, pero es muy probable que el programa también haya sido positivo para el crecimiento económico de Estados Unidos.

Yo diría que, con el tiempo, podremos afirmar lo mismo de Obamacare. Los seguros subvencionados empujarán a algunos a reducir el número de horas que trabajan, pero también se traducirán en una mayor productividad de aquellos estadounidenses que por fin reciben la atención sanitaria que necesitan, por no mencionar el hecho de que emplearán mejor sus aptitudes, ya que podrán cambiar de trabajo sin miedo a perder la cobertura. Por encima de todo, la reforma sanitaria probablemente nos haga más ricos, además de más seguros.

¿Logrará esta nueva visión de la desigualdad cambiar nuestro debate político? Así debería ser. Resulta que ser amable con los ricos y cruel con los pobres no es la clave del crecimiento económico. Por el contrario, hacer que nuestra economía sea más justa también la hará más rica. Adiós, filtración de la riqueza de arriba abajo; hola, filtración de abajo arriba.

Traducción de News Clips.

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La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina

La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina 

Introducción 

¿Están aprovechando al máximo los gobiernos latinoamericanos la política fiscal para fomentar el crecimiento económico y combatir la pobreza y la desigualdad? ¿O podrían hacer un mejor uso de la gestión de la deuda, los sistemas impositivos y el gasto público para promover el desarrollo? 

La mayoría de países de América Latina ha mejorado sus resultados fiscales en los últimos años. El déficit, por ejemplo, ha descendido significativamente, pero los resultados fiscales están todavía muy lejos de equipararse a las cifras de referencia de la OCDE. Entre 1990 y 2006 el total de ingresos gubernamentales alcanzó en Latinoamérica una media de sólo un 23% del producto interior bruto (PIB), frente a un 42% en los países de la OCDE. El gasto público nos cuenta una historia similar: en el mismo periodo alcanzó una media del 44% del PIB en los países de la OCDE, pero de sólo un 25% en América Latina. También existen marcadas diferencias en el modo en que se estructuran los ingresos públicos, el grado de descentralización de los sistemas fiscales y la cantidad y calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos a cambio de sus impuestos. 

Una política fiscal bien administrada puede constituir la base de un contrato social renovado entre los latinoamericanos y sus gobiernos. Para ello es fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática en la región.

Este documento analiza la evolución reciente de las políticas fiscales en América Latina, los esfuerzos que se están llevando a cabo para mejorar los resultados y los principales desafíos futuros. Está basado en la edición 2009 de Perspectivas Económicas de América Latina (Latin American Economic Outlook), una publicación anual del Centro de Desarrollo de la OCDE. El Centro de Desarrollo lleva a cabo análisis comparativos y promueve un diálogo informal sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo que son de interés mutuo tanto para los países Miembros de la OCDE como para los estados no miembros. Su objetivo es ayudar a los actores políticos a encontrar soluciones que promuevan el crecimiento económico y mejoren las condiciones de vida en las economías emergentes y en vías de desarrollo.

¿Cómo afecta la política fiscal al desarrollo?

El efecto que las políticas fiscales tienen en el desarrollo de los países es una cuestión no exenta de controversia. Algunos expertos señalan que los impuestos suponen un freno al crecimiento económico, y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo; otros consideran que la política fiscal puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Va siendo hora de promover una tercera perspectiva: la política fiscal no sólo puede servir de motor del crecimiento, sino contribuir también a otros objetivos del desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. 

El gasto público, por ejemplo, debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad; si se lograra este objetivo, el gasto fiscal tendría un impacto positivo en obstáculos para el desarrollo como son la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocurre con los ingresos públicos: si los sistemas de recaudación de impuestos fueran más justos, gozaran de una base más amplia y se adaptan a la naturaleza específica de la economía, podrían recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes y servicios básicos. 

Un vistazo a los resultados fiscales de América Latina – especialmente si los comparamos con la experiencia de los países de la OCDE – ilustra la magnitud de la tarea que queda por hacer. El gasto público en la región sigue siendo mucho menor que en los países de la OCDE y la calidad de bienes y servicios vitales como la educación es pobre. La generación de ingresos públicos es limitada y regresiva –la tasa impositiva se reduce a medida que aumenta la renta–, de modo que los contribuyentes más pobres son, proporcionalmente, los que más sufren su impacto. Al mismo tiempo, a pesar de que la gestión de la deuda pública ha mejorado, los déficits siguen siendo altos, los plazos de vencimiento de la deuda en los mercados de bonos domésticos son cortos y los mercados de bonos soberanos siguen mostrándose demasiado sensibles a los ciclos políticos. Los gobiernos latinoamericanos no están aprovechando al máximo el potencial de la política fiscal para fomentar el crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad y proporcionar bienes y servicios públicos de buena calidad.

¿Puede desvincularse la deuda pública?

La proporción de ingresos y gasto públicos como porcentaje del PIB es relativamente pequeña en los países latinoamericanos en comparación con los niveles de la OCDE, pero la diferencia entre gastos e ingresos ha generado a menudo déficits públicos de magnitudes similares a las observables en algunos países de la OCDE. Aunque los gobiernos de la región han progresado de forma importante en la gestión de la deuda – en parte por poder denominar en su moneda nacional las obligaciones de servicio de la deuda en el extranjero y, por consiguiente, reducir su exposición a los desajustes cambiarios – siguen existiendo desafíos importantes. 

Uno de los principales problemas radica en la sensibilidad de los mercados de bonos soberanos de América Latina a los ciclos políticos, mucho mayor a la existente en la mayoría de países de la OCDE. En términos generales, los bancos de inversión empiezan a revisar a la baja la calificación de los bonos emitidos por países latinoamericanos unos tres meses antes de la celebración de elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, los mercados de capital en los que cotiza la deuda pública son especialmente sensibles al efecto de las elecciones en la propia gestión fiscal. Los inversores temen que los partidos políticos gobernantes opten por expandir el gasto para ampliar su respaldo político, mostrando igualmente recelo hacia aquellos candidatos que abrazan una retórica fiscal de corte populista, denominador común de no pocos procesos electorales en la región. 

La elevada volatilidad de los mercados de capital durante los ciclos electorales podría interpretarse como una falta de credibilidad en la toma de decisiones económicas por parte de los gobiernos y los partidos políticos alrededor de los procesos electorales. Una comunicación más medida y cuidada por parte de los gobiernos contribuiría a reforzar la credibilidad de bancos, inversores y otros actores económicos en las políticas fiscales, al tiempo que una gestión prudente de las políticas económicas respaldaría esas palabras con hechos. Para desligar la política fiscal de los ciclos políticos, también sería crucial que entre las agencias de calificación y los bancos de inversión fluyera una información de mayor calidad acerca de los bonos soberanos. Los gobiernos, además, pueden continuar aprovechando las oportunidades de reestructuración de la deuda fiscal, prorrogando, por ejemplo, los plazos de vencimiento de la misma o intercambiando deuda en moneda extranjera por deuda en moneda nacional. 

¿Cómo ampliar la base fiscal?

Dada la reducida magnitud de los ingresos públicos como porcentaje del PIB, uno de los retos más importantes que afrontan los sistemas fiscales latinoamericanos es la mejora de los mecanismos de recaudación. Evidentemente, los bajos niveles de ingresos fiscales en comparación con los países de la OCDE no significan necesariamente que en América Latina los ingresos sean “demasiado bajos” – ni, por supuesto, “demasiado altos”. Ambos grupos de países parten de una base histórica bien distinta y afrontan diferentes desafíos y oportunidades. En la propia América Latina, los ingresos fiscales del periodo 2000-2006 variaron desde cerca de un 32% del PIB en Brasil hasta poco más del 13% en El Salvador. Pero para cumplir los objetivos de desarrollo de la región, serán necesarios más y mejores recursos públicos. 

El principal desafío que afrontan los gobiernos latinoamericanos es el de ampliar la base impositiva y diversificar las fuentes de ingresos para alejarse de su actual dependencia excesiva de ingresos no tributarios como las tarifas y los derechos por las exportaciones y la explotación de recursos naturales. Lo mismo cabe decir de la excesiva dependencia de los impuestos indirectos, que representan casi dos tercios de los ingresos fiscales en América Latina entre 1990 y 2006, frente a un tercio en los países de la OCDE. Por el contrario, los impuestos sobre la renta personal – que suelen ser más progresivos que otras fuentes de ingresos tributarios – aportan solamente un 4% del total de ingresos fiscales de Latinoamérica, lo que supone un marcado contraste con el 27% que representan en los países de la OCDE. 

Una forma de solucionar este problema consistiría en una mejor adaptación de los regímenes fiscales a la naturaleza específica de la economía y los mercados de trabajo. Debido a los bajos niveles de renta, sólo uno de cada tres latinoamericanos está sujeto al impuesto sobre la renta. La sesgada distribución de la renta en la región también constituye un factor importante. En economías con una distribución de la renta tan desigual como las de América Latina, hay menos trabajadores en los niveles de rentas sujetos al pago de impuestos que en economías caracterizadas por una distribución más igualitaria de la renta, aunque la renta media sea igual. 

Los responsables de formular las políticas fiscales en América Latina también deberían tener en cuenta la magnitud del sector informal o sumergido de la economía, que tiene consecuencias para los ingresos y los gastos del gobierno.

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Box 1. Brasil: cuánto cambian las cosas en cuatro años

Aunque sigue siendo problemático, el impacto de los ciclos políticos en los mercados de capital latinoamericanos se ha reducido en los últimos años. Las diferentes reacciones de los mercados de capital a las dos elecciones ganadas por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofrecen un claro ejemplo de la importancia de los partidos políticos y los candidatos a este respecto. En 2002, la candidatura presidencial de Lula da Silva se consideraba una amenaza populista a la continuidad de unas políticas económicas creíbles, lo que generó recomendaciones negativas por parte de los bancos de inversión. El periodo de campaña vio los diferenciales brasileños dispararse de los 1100 puntos básicos 100 días antes de las elecciones a más de 2000 puntos básicos en las jornadas previas a la cita electoral. Durante todo un año, el gobierno brasileño se vio en la práctica incapacitado para emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital. El contraste con las siguientes elecciones presidenciales de 2006 difícilmente podría haber sido mayor. Cuando Lula fue reelegido, contra un oponente que también propugnaba políticas económicas creíbles, las elecciones presidenciales apenas tuvieron efecto en los mercados: los bancos de inversión mantuvieron sus recomendaciones al alza sobre la deuda pública brasileña durante el periodo de campaña y los diferenciales se mantuvieron en niveles históricamente bajos. Incluso yendo más lejos, menos de un mes antes de la jornada electoral el gobierno brasileño emitió un bono global en reais con vencimiento a 2022 – algo totalmente inimaginable en el contexto del año 2002.

La correcta redistribución de la riqueza

Las políticas de redistribución de renta son necesarias y justas No dotarlas de medios oportunos estimula el fraude

 MIGUEL FORCAT LUQUE

En su artículo La desigualdad es un lastre, el premio Nobel de Economía Paul Krugman ataca una idea según la cual ser amable con los ricos y cruel con los pobres es la clave del crecimiento económico.

Trabajo (por convicción) en ayuda al desarrollo desde hace más de 10 años, no le extrañará a nadie saber que estoy plenamente de acuerdo con la apología de la redistribución de riqueza que subyace del texto del economista americano.

Ayer comíamos varios colegas en un restaurante cercano a nuestra oficina. Conversábamos sobre la distribución de riqueza dentro de nuestros respectivos países. Una compañera mía de nacionalidad belga explicaba cómo en su país existen abusos al sistema de seguridad social que pueden desincentivar, por ejemplo, la búsqueda de empleo.

En Bélgica conocí a Bertrand (nombre ficticio), un músico cuyas confesiones refuerzan la teoría de mi colega: "En Bruselas, muchos músicos figuran oficialmente como desempleados mientras que llevan a cabo su actividad profesional artística en negro. Eso les permite cobrar el paro y, a la vez, cobrar por el trabajo que efectúan. Además, en Bélgica se cobra paro indefinidamente".

"En Francia está sucediendo algo parecido" comenta otro colega de nacionalidad francesa mientras finalizamos el almuerzo. "Entre otras cosas, eso es lo que explica el repunte de la extrema derecha en mi país".

En el entorno de la cooperación muchos han sentido como una contradicción el auge de la derecha radical en el país de la igualdad y de la fraternidad. Por eso, escuchando los comentarios de mis colegas, no puedo más que preguntarme con inquietud: "¿Está el mundo de la ayuda al desarrollo en contra de la redistribución de riqueza?" (La pregunta es pertinente porque: ¿qué es la ayuda al desarrollo sino una redistribución de riqueza a gran escala?). La respuesta en un claro y contundente NO.

La OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo económicos), ha redactado un informe titulado La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina. En él, y en lo que a la correcta redistribución de riqueza se refiere, la OCDE indica que la política fiscal puede servir de motor del crecimiento y de elemento de consolidación democrática. Además combate la pobreza, evita la exclusión social y genera una mayor igualdad de oportunidades.

Para una correcta redistribución, el gasto público debe proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad

Para una correcta redistribución de riqueza, el gasto público debe proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad. Si los sistemas de recaudación de impuestos son justos, podrán recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes y servicios. Para ello (en el caso de la región latinoamericana y siempre de acuerdo a la OCDE), habría que ampliar la base impositiva y diversificar las fuentes de ingresos. También se deberá tener en cuenta la magnitud del sector informal (o sumergido) de la economía.

Pero el objetivo que ha de buscarse es una redistribución de riqueza de calidad, eficaz y eficiente, que llegue allí donde se previó que llegara (y no a otro lugar) y que, en definitiva, no sea víctima de abusos ni de fraudes de ningún tipo.

Y puesto que de fraude hablamos, la abrumadora cantidad de casos descubiertos en los últimos años en el territorio español incita a analizar la situación en detalle.

Comparemos España con nuestros vecinos del norte y comprobaremos que en los países europeos con las economías más competitivas, como Dinamarca, Suecia o Finlandia, el porcentaje de funcionarios sobre la población activa es del 26% en el primer caso, de 22% en el segundo y de 19% en el tercero. En España, el número de empleados públicos es apenas del 13%: En nuestro país hay 6,5 funcionarios por cada cien habitantes, en Francia, 10,6.

La Agencia Tributaria Española tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero. Para el cumplimiento de sus objetivos lucha contra incumplimientos tributarios mediante actuaciones de control. Su labor se materializa en un amplio conjunto de actividades entre las que destacan, por un lado, la gestión, inspección y recaudación de tributos y, por otro, la colaboración en la persecución de determinados delitos contra la Hacienda Pública.

El número de trabajadores empleados por la Agencia Tributaria española es muy inferior al que emplean los organismos análogos en nuestros vecinos europeos. Esto se traduce, primero, en mayores posibilidades de defraudar y, segundo, en una peor calidad de la redistribución de nuestra riqueza.

El descontento de mis colegas belgas y franceses no puede constituir un espejismo: La realidad es que el fraude en la política de redistribución en Europa se constata mientras que en España puede pasar desapercibido más fácilmente.

Las políticas de redistribución de renta son necesarias y justas. Para obtener una redistribución ideal es necesario dotarla de los medios oportunos. No hacerlo estimula el fraude y termina por desincentivar la propia redistribución de riqueza.

Miguel Forcat Luque es economista y trabaja para la Comisión de la Unión Europea. El propósito de este artículo fue escrito por el autor por su propio nombre y no refleja necesariamente el punto de vista de la institución para la que trabaja. El propósito de este artículo no compromete la responsabilidad de esta institución.

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Thomas Piketty: El crecimiento económico por sí solo no mejora la distribución del ingreso. Incluso, puede profundizar las desigualdades

El autor de “El Capital del Siglo XXI” explicó las razones de su planteamiento, que desvirtúa tesis como la del norteamericano Simon Kuznets, según el cual el desarrollo económico implica una reducción automática de la brecha entre ricos y pobres, durante la conferencia magistral pronunciada en el auditorio de la Universidad Externado de Colombia, para iniciar las celebraciones de sus 130 años.

La intervención del Estado y la aplicación de políticas inequívocas y transparentes, especialmente en el campo fiscal, que debe fortalecerse día a día, son indispensables para reducir la desigualdad en los ingresos. El crecimiento económico por sí solo puede, incluso, generar situaciones de gran inequidad en la distribución de la riqueza, señaló el economista francés Thomas Piketty -uno de los académicos más renombrados del momento- en el inicio de la celebración de los 130 años del Externado.

El autor de “El Capital del Siglo XXI” explicó las razones de su planteamiento, que desvirtúa tesis como la del norteamericano Simon Kuznets, según el cual el desarrollo económico implica una reducción automática de la brecha entre ricos y pobres, durante la conferencia magistral pronunciada en el auditorio de la Universidad Externado de Colombia, para iniciar las celebraciones de sus 130 años.

Profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y de la Escuela de Economía de París, Thomas Piketty es considerado el economista más sobresaliente del mundo en el momento. Su obra, “El Capital en el Siglo XXI”, ofrece visiones novedosas y frescas sobre problemas relacionados con la riqueza, sus formas de acumulación en esta etapa del capitalismo y los desafíos de su distribución. El destacado académico fue invitado a Colombia por el Hay Festival y las universidades de los Andes y Externado de Colombia.

Piketty invitó a países como el nuestro, que presenta uno de los más altos índices de desigualdad, pues el 10% de la población posee el 50% de la riqueza, a establecer, para comenzar, un sistema tributario con el más alto nivel de transparencia, que favorece un flujo de información necesario para su análisis y fiscalización y, luego, algo que parece obvio, pero que no lo es tanto: hacer que los más ricos paguen más impuestos.

El profesor invitado lamentó la ausencia de información sobre la tributación en Colombia lo que le impide un análisis más profundo y específico sobre el país pero, aun así, declaró que no nos podemos escapar de adelantar una política consistente en eliminación de las exenciones al impuesto a la riqueza, una mayor transparencia en el sistema, que se conozcan las cifras de tributación, y políticas dirigidas a contrarrestar la corrupción y la concentración de la propiedad.

Gravar con altos impuestos a las capas más ricas de la población no implica herir de muerte al capitalismo, como muchos lo sostienen, aclaró Piketty, y puso como ejemplo a los Estados Unidos, donde entre 1930 y 1980 se impusieron altas tazas de tributación a la riqueza, que según su opinión, antes que trabar el crecimiento, lo impulsaron.

Explicó el conferencista que en ciertos momentos de la historia las élites en Estados Unidos y Europa aceptaron esa realidad, presionadas por hechos políticos como la revolución bolchevique en Rusia. De esa manera, después de la depresión del año 29, se registraron simultáneamente políticas de altos impuestos a la renta y reducciones notables en las desigualdades.

Así que, agregó, no se trata, como algunos piden, de “tener paciencia” y esperar a que el crecimiento económico genere la igualdad; eso no va a pasar por arte de magia.

Concentración actual de la riqueza
Piketty describió la realidad actual como una época de aumento progresivo de la concentración de la riqueza, especialmente en Estados Unidos a partir de 1980, acompañado de un estancamiento de la clase media, un crecimiento sostenido de la deuda de hogares y una supremacía del sistema financiero, carente de reglas suficientes, con consecuencias como las crisis que se han sucedido.

La explicación de ese fenómeno es compleja y debe incluir hechos como el crecimiento exagerado de los salarios en los niveles altos, que no se compagina con la productividad de las empresas, el aumento, también desmedido, de los costos educativos, que cada vez hace más difícil para las capas medias y bajas ingresar a la educación de primera calidad, la baja en el salario mínimo en términos absolutos y de su capacidad de compra, y la declinación de los sindicatos, que hacían presión sobre las condiciones laborales.

Basado en datos de la revista Forbes, el conferencista mostró cómo en los últimos años ha aumentado la riqueza de los millonarios en unas proporciones excesivamente altas, lo que genera incertidumbre para la mayoría de la población que debería aumentar sus ingresos al mismo ritmo, por lo menos. Por otra parte, estas fortunas no son producto de la innovación -Carlos Slim no se inventó el teléfono- sino de situaciones como la privatización de empresas con gangas para los nuevos dueños, fenómeno que ha ido en aumento. “La buena noticia es que se están acabando las empresas para privatizar”, señaló.

Este regreso a una sociedad basada en el patrimonio, implica necesariamente un aumento de las desigualdades, sostuvo Piketty, al poner de presente realidades como la concentración en finca raíz y activos financieros y la importancia creciente de los capitales heredados, como consecuencia del decrecimiento demográfico. Así, quienes no poseen riqueza familiar ven muy difícil un mejoramiento de sus condiciones económicas. Entonces, uno de los retos es que el sistema tributario grave con mayor intensidad el capital que los salarios.

El papel de lo jurídico
Por su parte, Juan Carlos Henao rector del Externado planteó una reflexión sobre el papel de lo jurídico en la disminución de la desigualdad, y cuestionó como jurista si pueden las decisiones judiciales incidir de manera significativa en la reversión de las grandes tasas de desigualdad descritas, y hasta dónde las decisiones judiciales están llamadas a jugar un papel importante en este asunto de la distribución equitativa del ingreso.

De otro lado, Henao, en coincidencia con la conferencia de Piketty, hizo un llamado al sistema tributario nacional para que solucione el tema de la ausencia de información transparente, pues “un sistema democrático que no da información de los tributos de manera transparente no es un sistema democrático, y en eso nosotros somos absolutamente quedados en este país”.

Finalmente, el Rector preguntó a Piketty sobre su visión del impacto económico para Colombia la firma de un tratado de paz, a lo que el economista respondió que, sin poder dar cifras, no tiene dudas que el impacto sería mucho mayor de lo que se piensa.

Entretanto el exministro Guillermo Perry Rubio, docente de economía de la Universidad de los Andes tras declarar que el de Piketty es el libro de economía más importante en el mundo en el momento actual, desarrolló algunos puntos de la conferencia del académico francés y se refirió al trabajo y las discusiones en el seno de la Comisión de Expertos para la Competitividad Tributaria, de la cual hace parte.

Perry reiteró que lo más grave de la concentración de la riqueza está en la parte más rica, y que urge la implantación de un impuesto global al capital progresivo, trabajo que debe realizar Colombia con otros países, para intervenir, por ejemplo, en el fenómeno de los paraísos fiscales.

Puso de presente también realidades como la falta de leyes de competencia en sectores como las telecomunicaciones, que ha permitido la concentración del negocio en unas pocas manos.

En su análisis dijo que en la actualidad estamos como antes de 1910, pues el capital heredado ha adquirido una importancia desmedida, lo que puede tener consecuencias devastadoras en Colombia. Por ello, agregó, es preciso trabajar más en el control de los capitales a nivel global, establecer gravamen a los dividendos y eliminar los beneficios tributarios.

Finalmente señaló que es poco lo que estamos haciendo en educación de calidad para todos, lo que necesariamente tiene impacto en una adecuada distribución de la riqueza en el país.

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