 |
| Carol Graham |
 |
| Juan Camilo Chaparro |
informe permanente Carol Graham
y Juan Camilo Chaparro
El delito y la inseguridad son hechos cada vez más comunes en la vida de América Latina y el Caribe, particularmente en zonas urbanas.
Las tasas de victimización en la región están entre las más altas del mundo, con excepción de África Subsahariana.
La proporción de la población de la región que se siente segura cuando camina de noche en su vecindario es la más baja del mundo, al igual que la proporción que confía en la policía.
Estos fenómenos afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos, aunque algunos grupos (y particularmente los ricos) tienen más medios para protegerse que otros. Mientras tanto, ningún país de la región ha podido lograr un clima de seguridad en sus zonas urbanas que se aproxime al de las economías desarrolladas.
A pesar de la enorme importancia de la sensación de inseguridad en la región, las diferencias en la percepción entre los distintos países no están correlacionadas con la tasa de homicidios, el principal indicador objetivo de inseguridad.
Adicionalmente, existe una desconexión entre las percepciones de inseguridad y la prioridad que los líderes de cada país asignan a los problemas de inseguridad.
Es posible que la desconexión que hallamos entre los indicadores objetivos y subjetivos, y entre la opinión pública y las percepciones de los líderes, se explique, al menos en parte, por la adaptación de la población.
Sin duda esto sugiere que los países con mayor preocupación pública por la inseguridad son aquellos que han sufrido un aumento de la delincuencia en los últimos tiempos, mientras que la preocupación es menor en los países donde el problema ha continuado durante períodos más largos.
Este tipo de adaptación puede ser un fenómeno positivo desde una perspectiva psicológica individual, aunque puede constituir un obstáculo para movilizar el apoyo público que se necesita para ejecutar las políticas adecuadas a fin de combatir la delincuencia.
Uno de los argumentos más utilizados para generar apoyo público a las medidas de seguridad es el alto costo económico de la delincuencia, entendido en tanto pérdida de producción e ingresos, así como también el aumento del gasto público correspondiente a niveles de delincuencia altos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido líder en generar estudios que apuntan a medir esos costos para América Latina y el Caribe.
Sin embargo, los efectos de la inseguridad y la delincuencia en el bienestar de las sociedades no se limitan a los costos económicos.
Puede haber muchas pérdidas en el bienestar individual, que provienen de los costos vinculados con la salud física y mental, además de las pérdidas en el bienestar colectivo, producto de cambios en la manera en la que interactúan y funcionan las sociedades como resultado de los altos niveles de inseguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario