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| Director de la Oficina CEPAL en Colombia |
Este documento fue preparado por Carlos Vicente de Roux y Juan Carlos Ramírez
J., Consultor de la Fundación Social y Director de la Oficina CEPAL en Colombia,
respectivamente. Los editores agradecen los valiosos aportes de Paola Ximena
Cortés y Tatiana Olarte para la elaboración del documento final. Este trabajo se
desarrolló en conjunto entre la CEPAL y la Fundación Social de Colombia, y
contó con el apoyo de la Personería de Bogotá y la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión
editorial, son de exclusiva responsabilidad de los editores y pueden no coincidir
con las de la Organización.
Resumen
El presente documento, contiene la edición de una parte de las
discusiones sostenidas en el Foro sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (DESC), auspiciado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Social, y que tuvo
lugar en Bogota en noviembre de 2001. Los participantes en este foro,
provienen de distintas disciplinas, son abogados, economistas,
administradores públicos, sociólogos, historiadores, filósofos y
periodistas. Se desempeñan en distintas actividades en el sector público,
la academia, la rama judicial, ONG y organismos internacionales, y no
todos comparten la misma aproximación teórica a los temas del derecho,
la política o la economía.
Esta relación de las discusiones comienza mostrando los contrastes
entre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y los
derechos civiles y políticos. A continuación se hace una breve descripción
de los esquemas internacionales de protección de los DESC. Enseguida
se presentan dos de las grandes controversias de la discusión, una referida
a la relación entre los derechos y los distintos poderes públicos, donde se
abordan temas como la democracia, la justicia y la política; la otra, desde
una óptica de derechos, la evaluación de las políticas económicas públicas
que pueden dar lugar al mejoramiento o al deterioro de las condiciones
de satisfacción y de garantía de los DESC. Este documento cierra con
una breve reflexión en torno al derecho a la educación.
En la discusión, los panelistas ofrecieron posiciones distintas sobre
la relación entre los derechos y las políticas públicas y su ejecución,
resaltaron las diferencias entre la consagración formal de los derechos y
las realidades de los ciudadanos para los que los derechos carecen de
efectividad, aun en casos en que el desarrollo legislativo establece garantías o niveles mínimos para esos derechos, tales como un número de años de educación o un plan
obligatorio de salud.
También se discutió la óptica desde la cual se toman ciertas decisiones judiciales, y las posibles
situaciones de activismo político de los jueces en relación con los derechos económicos, sociales y
culturales. Asi mismo, se planteó el papel relevante del poder legislativo y las elecciones como escenarios
privilegiados de la democracia, en los que se establecen, se ratifican o se modifican los acuerdos sobre
los alcances y prioridades que tienen dichos derechos. Se precisó que el fortalecimiento de los derechos
pasa por un fortalecimiento de lo público y la anulación de la clientelización de los derechos.
Se debatió el alcance de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y de
las decisiones de política económica, que tienen impacto sobre dichos derechos, al tiempo que se
reconoció que una evaluación de los avances en ellos debe privilegiar los procesos más que el resultado,
ya que muchas de las decisiones públicas no aseguran de por sí un determinado resultado. Los panelistas
hicieron interesantes afirmaciones que ratifican diferentes visiones, a partir de las ópticas jurídica y
económica, y dan lugar a sugestivas convergencias y divergencias. Un número posterior de esta Serie
tratará ampliamente el tema de la justiciabilidad de los DESC.
Este documento es apenas una apertura de un amplísimo debate alrededor de los DESC y del
alcance, prioridades, restricciones y obligaciones de las políticas públicas relacionadas con dichos
derechos.
Presentación institucional
Este foro surge de una iniciativa de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Social, y
se dirige a promover el tema de los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC).
La CEPAL tiene inquietudes de vieja data sobre la necesidad
de convertir la equidad y el desarrollo social en ejes del
desarrollo de nuestros países. Pero, además de eso, la Organización de las Naciones
Unidas, a la cual pertenece la CEPAL, ha venido insistiendo en que su
marco fundamental de acción está conformado por los tratados,
resoluciones y declaraciones de derechos humanos emitidos por los órganos
competentes de dicha organización. Tales derechos se han convertido en
algo que pertenece a la propia esencia del sistema de las Naciones
Unidas, cuyos organismos están firmemente comprometidos en incorporar los
principios de los derechos humanos en su trabajo cotidiano. En el
documento de la CEPAL “Equidad, desarrollo y ciudadanía” (2000), se ha procurado establecer una articulación entre los planteamientos sobre
el desarrollo económico de América Latina y el Caribe, y los principios de
los derechos humanos. Un antecedente fue la publicación del texto La
igualdad de los modernos(1997), efectuada en conjunto con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. En dicho texto se exploraba la relación
entre el discurso de los derechos humanos y el de la CEPAL.
Con ocasión de la conferencia mundial contra la xenofobia y
otras formas de intolerancia (Durban, 2001), la CEPAL celebró un
acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, con el fin de formalizar contactos y trabajos en
común sobre derechos humanos. Este evento se ha producido en el marco de
ese acuerdo. Cabe recordar que los informes anuales sobre
desarrollo humano, cuya elaboración promueve la Organización de las Naciones
Unidas (PNUD), también han planteado los vínculos entre la pobreza, el desarrollo y los derechos
económicos, sociales y culturales.
La Fundación Social es una entidad sin ánimo de lucro,
creada en 1911 por el sacerdote jesuita José María Campoamor, cuya misión es contribuir a acabar con
las estructuras de exclusión que generan pobreza y violencia en Colombia. La Fundación Social ha
enfocado tradicionalmente los fenómenos de pobreza desde diversas perspectivas. Ha explorado,
siguiendo un enfoque económico, los desajustes entre la oferta y la demanda de determinados bienes y
servicios sociales. Desde un punto de vista más social, ha examinado los alcances de la falta de acceso a
dichos bienes y servicios y, desde una perspectiva más moderna y más política, ha enfocado la
pobreza como un fenómeno de exclusión. La Fundación quiere ahora abordar también el problema desde la
óptica de los derechos del ser humano, que abre ventanas hacia la exigibilidad y la obligatoriedad
de las prestaciones tendientes a superar la pobreza.
Las discusiones sostenidas en este foro tienen que ver con
los aspectos centrales de la misión de la Fundación Social. La entidad ha cumplido en 2001 noventa
años de vida, dedicados a trabajar por los pobres y por los excluidos. Es muy apropiado celebrarlos
con este foro.
También patrocinan este evento la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Personería de Bogotá,
cuyos mandatos institucionales las comprometen con la promoción de los mencionados derechos.
El cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos fue creado en 1993. Su Oficina, en Colombia, trabaja sobre la base de
un acuerdo celebrado con el gobierno colombiano en noviembre de 1996. Entre las funciones que
tiene esta Oficina se cuenta la de observar la situación de los derechos humanos y el cumplimiento del
derecho internacional humanitario en el país, asesorar a las autoridades y a la sociedad civil e
informar sobre lo observado al Alto Comisionado, para que éste presente, a su vez, informes analíticos sobre
Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A las personerías municipales les corresponde entre otras
funciones, por mandato de la Constitución, la guarda y promoción de los derechos humanos.
La Personería de Bogotá se encuentra en un proceso de rediseño institucional para enfatizar su
misión de defensoría de los mencionados derechos. Y tiene especial interés en la definición de
criterios sobre la progresividad y priorización de los derechos económicos, sociales y culturales, la
construcción de indicadores para la medición de los avances de los mismos y la búsqueda de consensos y pactos
sociales entre los actores a los que les corresponde hacerlos efectivos –la administración pública,
los legisladores, los organismos estatales de control y la ciudadanía–.
En el foro participaron Alejandro Angulo, Alfredo Sarmiento,
Álvaro Tirado, Amerigo Incalcaterra, Astrid Martínez, Carlos Gaviria, Carlos
Vicente De Roux, César Vallejo, Diego López, Eduardo Villar, Ernesto Parra, Hermes Tovar, Hernando Gómez,
Isabel Martínez, Jorge Enrique Vargas, Jorge Iván Bula, Jorge Iván González, José Antonio Campo,
Juan Carlos Ramírez, Juan Luis Londoño, Leonardo García, María Eugenia Álvarez, María Eugenia
Querubín, María Mercedes Cuéllar, Olga Lucía Acosta, Pastor Murillo, Pedro Medellín, Rebeca
Grynspan, Roberto Garretón, Rodolfo Arango y Rodrigo Uprimny
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